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Personas trabajadoras ocupadas y personas trabajadoras ocupadas que resulten afectadas por medidas temporales de suspensión de contrato como consecuencia de la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), o de un expediente de regulación de empleo (ERE), motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor. Así mismo las personas trabajadoras que se encuentren en situación de suspensión de contrato o de reducción de jornada como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo de los referidos en dicha norma tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Así mismo, podrán solicitar participar en las acciones formativas, las personas pertenecientes a los colectivos que se relacionan y siempre que las personas de los ámbitos a las que se dirija el programa formativo correspondiente no ocuparan todas las plazas ofertadas:
a) Las personas trabajadoras asalariadas que prestan sus servicios en empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las administraciones públicas y cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación profesional.
b) Las personas trabajadoras fijas discontinuas en los períodos de no ocupación.
c) Las personas trabajadoras que accedan a la situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo.
d) Las personas trabajadoras o socias de las cooperativas, sociedades laborales y entidades de la economía social y otras personas socias de dichas entidades siempre que tengan actividad económica, así como las personas trabajadoras incluidas en el régimen especial de autónomos, del mar y otros de Seguridad Social que no coticen por la contingencia de formación profesional, con un límite máximo del 10 % del total de participaciones en cada programa.
e) Las personas desempleadas, hasta un máximo del 30% por programa.
f) El personal al servicio de las administraciones públicas, con un límite máximo del 10 % del total de participaciones en cada programa

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